Nosotros también nos consideramos sentados en el mismo banquillo que el juez Garzón.
El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no puede ser imputado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por abrir un proceso que pretendía, quiero creer que aún pretende, dignificar a una parte de los asesinados en las cunetas, tapias de cementerios y campos de toda España por los falangistas y golpistas de 1936, que continuaron matando gente hasta bien entrados los años cincuenta.
Y digo una parte porque si en el sumario han conseguido identificar a más de 100.000 desaparecidos, es seguro que la cifra real es mucho más alta y que la destrucción de pruebas o indicios de dónde están sus cuerpos, así como la falta de testigos después de 70 años, ha hecho difuminarse todo rastro de decenas de miles de víctimas anónimas.
He seguido de cerca los estudios históricos de la Guerra Civil y de la larga postguerra y los historiadores no me desmentirán si digo que mientras la cifra de víctimas del lado republicano ha permanecido inalterable en las investigaciones publicadas en los últimos 30 años, la cifra de los asesinados por el franquismo está siendo revisada al alza continuamente y no creo que lleguemos a saber cuantitativamente a cuánto asciende el horror fascista. Pero sí sabemos que puede definirse como un exterminio masivo, comparable, en términos relativos, a la represión nazi o estalinista. Y ni siquiera hablamos de los centenares de miles de presos, torturados y exiliados, ni de la condición de apestados que tenían sus familiares durante las primeras décadas del franquismo.
Millones de familias españolas esperan una reparación y muchas que se busquen y se les entreguen los restos de sus allegados para poder enterrarlos dignamente. Todavía no entiendo, en el sentido de comprender las razones, por qué la derecha política, social, eclesiástica, judicial no hace como en Alemania o Francia, donde han condenado al nazismo y al régimen de Vichy y reconocido a sus víctimas. Sólo nos queda apelar a la caridad cristiana, en la que ellos tanto creen, para que algún día, ése sí que sería histórico, tengan piedad por los perseguidos y sus familias.
Pues bien, Baltasar Garzón ha sido el único magistrado, la única instancia judicial que ha tenido la decencia, y el valor, visto lo que le ha caído, de emprender un procedimiento judicial para reparar dicha injusticia histórica y ello después de más de treinta años de democracia.
No tengo relación alguna con el juez Garzón, he coincidido y discrepado con él cuando ambos éramos diputados y no he estado de acuerdo con algunas de las instrucciones que ha llevado a cabo. Pero no olvido que es de las personas que más han hecho en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y quien consiguió detener y llevar ante la justicia al dictador chileno Augusto Pinochet. Y sobre todo considero que, con sus defectos y su afán de protagonismo, un magistrado así es necesario en una democracia.
En el momento que escribo estas líneas oigo que el presidente del Tribunal Supremo pide respeto por la Sala Segunda que debe decidir sobre este caso. Como ciudadano y como demócrata, respeto las sentencias y autos de los tribunales, pero espero también que los magistrados se respeten a sí mismos.
Por lo que estamos viendo y leyendo, parece que ése no es el caso de algunos que actúan más por su propia inquina o cálculo político, cuando no obedeciendo consignas del partido que los llevó a su actual puesto, que con arreglo a derecho y a la Justicia con mayúscula.
El sentido común, que tanto se vuelve a manejar ahora, nos dice que no es posible que a un magistrado se le siente en el banquillo por tratar de llevar a los tribunales a una de las dictaduras más crueles de la Europa del siglo XX. ¿No será más bien que al Supremo no ha llegado la transición democrática y es sensible a los visibles esfuerzos de los neofranquistas por revisar la propia transición y rehabilitar al dictador y no a las víctimas?
Baltasar Garzón es una de las personalidades españolas más apreciadas y admiradas en la comunidad de defensores de los derechos humanos y de la democracia en el mundo, y algunos de los miembros de asociaciones internacionales me preguntan en Bruselas qué está pasando en España, por qué se está persiguiendo ahora a quien combate a los liberticidas, la corrupción política, el terrorismo y el narcotráfico.
Si no fuera un tema tan serio, diría que a lo mejor tenía razón Fraga Iribarne cuando, como ministro de Franco, acuñó en los años sesenta aquel eslogan que reza: "España es diferente".
LUIS YÁÑEZ-BARNUEVO 14/10/2009 . El Pais.es
Y digo una parte porque si en el sumario han conseguido identificar a más de 100.000 desaparecidos, es seguro que la cifra real es mucho más alta y que la destrucción de pruebas o indicios de dónde están sus cuerpos, así como la falta de testigos después de 70 años, ha hecho difuminarse todo rastro de decenas de miles de víctimas anónimas.
He seguido de cerca los estudios históricos de la Guerra Civil y de la larga postguerra y los historiadores no me desmentirán si digo que mientras la cifra de víctimas del lado republicano ha permanecido inalterable en las investigaciones publicadas en los últimos 30 años, la cifra de los asesinados por el franquismo está siendo revisada al alza continuamente y no creo que lleguemos a saber cuantitativamente a cuánto asciende el horror fascista. Pero sí sabemos que puede definirse como un exterminio masivo, comparable, en términos relativos, a la represión nazi o estalinista. Y ni siquiera hablamos de los centenares de miles de presos, torturados y exiliados, ni de la condición de apestados que tenían sus familiares durante las primeras décadas del franquismo.
Millones de familias españolas esperan una reparación y muchas que se busquen y se les entreguen los restos de sus allegados para poder enterrarlos dignamente. Todavía no entiendo, en el sentido de comprender las razones, por qué la derecha política, social, eclesiástica, judicial no hace como en Alemania o Francia, donde han condenado al nazismo y al régimen de Vichy y reconocido a sus víctimas. Sólo nos queda apelar a la caridad cristiana, en la que ellos tanto creen, para que algún día, ése sí que sería histórico, tengan piedad por los perseguidos y sus familias.
Pues bien, Baltasar Garzón ha sido el único magistrado, la única instancia judicial que ha tenido la decencia, y el valor, visto lo que le ha caído, de emprender un procedimiento judicial para reparar dicha injusticia histórica y ello después de más de treinta años de democracia.
No tengo relación alguna con el juez Garzón, he coincidido y discrepado con él cuando ambos éramos diputados y no he estado de acuerdo con algunas de las instrucciones que ha llevado a cabo. Pero no olvido que es de las personas que más han hecho en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y quien consiguió detener y llevar ante la justicia al dictador chileno Augusto Pinochet. Y sobre todo considero que, con sus defectos y su afán de protagonismo, un magistrado así es necesario en una democracia.
En el momento que escribo estas líneas oigo que el presidente del Tribunal Supremo pide respeto por la Sala Segunda que debe decidir sobre este caso. Como ciudadano y como demócrata, respeto las sentencias y autos de los tribunales, pero espero también que los magistrados se respeten a sí mismos.
Por lo que estamos viendo y leyendo, parece que ése no es el caso de algunos que actúan más por su propia inquina o cálculo político, cuando no obedeciendo consignas del partido que los llevó a su actual puesto, que con arreglo a derecho y a la Justicia con mayúscula.
El sentido común, que tanto se vuelve a manejar ahora, nos dice que no es posible que a un magistrado se le siente en el banquillo por tratar de llevar a los tribunales a una de las dictaduras más crueles de la Europa del siglo XX. ¿No será más bien que al Supremo no ha llegado la transición democrática y es sensible a los visibles esfuerzos de los neofranquistas por revisar la propia transición y rehabilitar al dictador y no a las víctimas?
Baltasar Garzón es una de las personalidades españolas más apreciadas y admiradas en la comunidad de defensores de los derechos humanos y de la democracia en el mundo, y algunos de los miembros de asociaciones internacionales me preguntan en Bruselas qué está pasando en España, por qué se está persiguiendo ahora a quien combate a los liberticidas, la corrupción política, el terrorismo y el narcotráfico.
Si no fuera un tema tan serio, diría que a lo mejor tenía razón Fraga Iribarne cuando, como ministro de Franco, acuñó en los años sesenta aquel eslogan que reza: "España es diferente".
LUIS YÁÑEZ-BARNUEVO 14/10/2009 . El Pais.es
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